Tres denunciados, tres: ¿qué tienen en común los casos de Carolina Silva Santisteban, Stefano Tosso y Emarts?

Parece que cada semana (o cada día) nos vamos a despertar con una nueva denuncia de acoso. Ya la situación era bastante grave con los últimos casos de violación sexual en Surco, Ica y Cusco. Pero también, casi a diario, en las redes sociales aparecen denuncias de acoso o violencia sexual. Los últimos días han sido denunciadas tres personas: Carolina Silva Santisteban, Stefano Tosso y el dibujante Emarts (Emanuel Medina Llerena).

Silva, Tosso y Medina
(Collage: Utero.pe)

Las coincidencias

Las cuentas de Instagram de @Influencers_Out_Of_Context, @killyourmacho_2 y @niunamenos__peru recogieron las denuncias anónimas contra el actor Stefano Tosso y el dibujante Emarts respectivamente.

(Advertencia de contenido: uno de los testimonios más fuertes contra Emarts posteado en la cuenta @emartsdenuncias)

 

En ambos casos se denuncian tocamientos indebidos, acoso sexual y, en el caso específico de Emarts, violación. Sobre Tosso, quienes lo acusan dicen haber sido alumnas suyas o colegas.

Capturas de @influencers_out_of_context

Por otro lado, en Facebook, Paula Lizama acusó desde su cuenta a Carolina Silva Santisteban de haberse involucrado con ella siendo directora de Vodevil, teniendo 27 años cuando Paula tenía 16. Paula calificó la relación como un vínculo tóxico.

Captura de Facebook

Los descargos

En los tres casos ya hubo descargos por parte de las personas acusadas. Estos han sido similares entre sí. De hecho, los descargos de este tipo tienden a parecerse mucho. Se reconoce cierta culpa. Vamos a recalcar CIERTA. No se reconocen todas las acusaciones, y se suele usar términos clave para minimizar los hechos o directamente se les omite.

En el descargo de Carolina Silva, se reconoce la relación, pero se omite que se trataba de una menor de edad a su cargo, ya que ella era directora de Vodevil, donde Paula era alumna. Menciona la palabra “errores” para describir su conducta. Revictimiza a la denunciante, además, contando detalles de sus problemas económicos.

Captura de Facebook

En el descargo de Emarts, posteado en su cuenta de Instagram, no se admiten los hechos de violencia, solo reconoce que ha cometido acoso, pero de forma imprecisa, no dice contra quién ni cuándo. También dice que no todas las acusaciones son ciertas, de lo que se deduce que probablemente esté negando las más graves, como la violación, por las obvias consecuencias.

Stefano Tosso, en la entrevista que le hizo Beto Ortiz el miércoles en su programa, algunos días después de las acusaciones, admitió haber sido infiel, mujeriego y pendejo (sic) pero recalcó que eso no era delito (?). Se centró en desmentir una conversación de las que aparecieron en redes. Negó los tocamientos indebidos y también pidió disculpas si es que alguna chica, según sus propias palabras, se había sentido mal por su comportamiento. Por último, acusó a Xilenne Talledo, la denunciante que dio la cara en otro canal, de tener motivos subalternos para acusarlo, sin especificar cuáles eran estos.

Captura de youtube

Estas manifestaciones recuerdan al caso de Frank Pérez Garland, acusado hace un poco más de tiempo, quien hizo dos descargos luego de las acusaciones. En el primero admitía cierta culpa. En el segundo descargo recalcó que hubo fue invasivo, pero siempre con consentimiento. Es probable que haya recibido asesoría legal para mencionar el consentimiento, pero la frase es contradictoria, de haber consentimiento el acercamiento ya no hubiese sido invasivo.

Captura: El Popular

Ese es básicamente el ciclo de las denuncias: se señala a los acusados – los acusados piden disculpas a medias – se olvida todo.

El problema

Rara vez estos casos se resuelven por la vía judicial. Como el acoso sexual es un problema que no ha sido contemplado como delito sino hasta hace poco, la legislación aún es bastante incompleta al respecto.

Uno de sus problemas principales es que la edad de consentimiento sexual es 14 años, una decisión polémica que tomó el Congreso de hace más de una década, porque no hay consenso científico sobre cuándo un adolescente llega al momento exacto para que su consentimiento sea válido producto de la madurez y libre de presiones o engaños. Es decir, si un profesor de 30 años tiene relaciones sexuales con una alumna de 15, con el consentimiento de ella, no irá preso. Da lo mismo si lo hizo con dos, con tres o con todas las alumnas de su clase. Pueden echarlo de la institución donde trabaja, pero no habrá delito aunque haya mostrado una conducta de depredador sexual al utilizar el salón de clases como coto de caza.

Y es que, en el mejor de los casos, nuestra sociedad no solo ha romantizado las relaciones sexoafectivas entre maestros y alumnado (¿alguien recuerda Carmín?) o entre ídolos y fans, cuando la realidad es completamente distinta.

Las agresiones y acosos sexuales en espacios educativos, sin ir más lejos, han sido siempre parte del chisme y el comentario a media voz. Ciertos profesores presionan a los menores a su cargo para tener relaciones sexuales o les hacen tocamientos y comentarios indebidos, conducta que ha sido regularmente tolerada. Hablo del colegio, pero también es algo que sucede con frecuencia en institutos, universidades y muchos espacios de formación.

No se le consideró un problema grave hasta las últimas décadas. Aún hay dudas al respecto, y un aparato legal que favorece a los adultos hasta cierto punto. No se contempla la relación de poder existente entre docente y alumnos, peor en cuanto el docente tiene cierta reputación por su labor artística o profesional. Incluso en el caso de que el o la menor de 18 pero mayor de 14, consienta un acercamiento o relación, está el aprovechamiento por parte del adulto de la cercanía docente-alumno. En estos casos se menciona como atenuante el hecho de que el menor haga el acercamiento o “busque” la relación, pero su condición de menor exime esa responsabilidad. La responsabilidad siempre es del mayor de edad.

Este caso de Huánuco es un ejemplo de cómo los predadores sexuales pueden atacar con impunidad en los colegios.

¿Qué debería suceder?

La Fiscalía debería actuar de oficio (como en el caso FPG), y garantizar a las denunciantes la contemplación de todos los factores en la violencia sexual para no hacer interpretaciones antojadizas de la ley como en el caso de Guillermo Castrillón, donde el fiscal Marco Guzmán Baca, después de tres años, desestimó los testimonios de DIECIOCHO MUJERES porque no había pruebas materiales (¿cómo se prueban los manoseos?) y no observaba afectaciones psicológicas en las denunciantes. ¿Esperaba acaso suicidios? Los procesos demoran demasiado tiempo y terminan siendo revictimizantes para quienes denuncian.

¿Temor a las denuncias falsas? Con todas las dificultades que pasan, las denuncias terminan siendo más pesadas para las mismas denunciantes. Se exponen al escrutinio para empezar una batalla que probablemente perderán. Se debe mejorar los canales de denuncia y tiempos de investigación, recordemos que el testimonio puede tener carga de prueba. La mejor estrategia contra la posibilidad de que una denuncia falsa es que todas las denuncias sean admitidas a investigación, sobre todo de oficio, sin que los fiscales esperen a que se realicen denuncias individuales.

Las instituciones deberían tomar en serio el tema del acoso y no actuar de forma reactiva sino preventiva. Los usuarios y sobre todo las usuarias, alumnas, talleristas, están en el derecho de exigir posiciones frontales contra el acoso, el grooming y la depredación sexual. La cantidad de denuncias que están apareciendo, prácticamente cada día, debería obligar a los empleadores y autoridades académicas a ser las primeras en prevenir casos de acoso y acoger denuncias oportunamente.

Las empresas están obligadas por ley a establecer un protocolo contra el acoso y, de hecho, existe una guía redactada por el Ministerio de Trabajo para la prevención y sanción. Si la mayoría de la gente no conoce estas medidas es porque muy pocas empresas cumplen la ley. El reglamento del Mintra las obliga a capacitar constantemente a su personal para que reconozcan y denuncien cualquier modalidad de agresión sexual.

Pero en la mayoría de los casos, las acciones no son preventivas sino reactivas. Las instituciones solo actúan cuando el caso sale a la luz. Y el caso suele salir a la luz fuera del entorno, para conseguir mayor exposición de las que suelen darles las instituciones, que guardan en reserva los nombres de los pocos sancionados por acoso.

Estos casos salen a la luz por mediáticos. Pero si el acusado fuera un Fulano de Tal, profesor de lingüística o física no hubiera tenido la misma pegada. ¿Qué pasa cuando las denuncias no tienen la posibilidad de rebotar en medios? Por eso se necesita una reforma legislativa contra la violencia sexual que debería ver nuestro próximo Congreso. Los candidatos y sus listas congresales deberían incluir propuestas contra el acoso y la violencia de género. No es difícil suponer que estos serán las últimas denuncias que hagan tanto ruido. Los candidatos y candidatas tienen ahí más que una oportunidad, un deber.